El sector eléctrico en México: breve análisis histórico

Durante el siglo XIX y XX, el esquema institucional del sector eléctrico pasa de exclusividad privada a estatal debido a que la tecnología disponible y la escala de los proyectos requeridos, así como las fuentes de inversión existentes, hicieron necesario que el crecimiento económico del sector se diera a partir de la centralización de los instrumentos de desarrollo de la industria eléctrica en el sector público. Sin embargo, actualmente, los avances tecnológicos hacen posible que la generación de energía de manera económica se pueda basar en plantas de mediana escala y de mini plantas que utilizan pequeñas corrientes hidráulicas, eólicas, o termales que utilizan biomateriales como combustible (Díaz, 2004).

Durante el gobierno del Presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) se consolidó la nacionalización de la industria eléctrica, que decretó el Presidente Adolfo López Mateos al considerar al suministro de energía eléctrica como un servicio público de gran importancia, que no debería ser prestado por compañías extranjeras. El Ejecutivo Federal realiza la adquisición de las empresas extranjeras de mayor impacto en el país, así como compañías menores dejándolas bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) y Luz y Fuerza del Centro (LFC)

Desde el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas (1934–1940), hasta el gobierno del Presidente José López Portillo (1976–1982), el gasto público y el sector paraestatal jugaron un papel de fundamental importancia en el cumplimiento de los objetivos del proyecto nacional. De estas líneas crece y se desarrolla el sector paraestatal en México. “El sector paraestatal mexicano se constituyó sustentado por varias razones, utilizadas con distinto énfasis e intensidad entre 1935 y 1982” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

"La prudencia fiscal fue rota durante las administraciones "populistas" de los años 70: el déficit financiero del sector público, que en el sexenio 1965-1970 representó 1.9% del PIB en promedio anual, pasó a representar 6.4% del PIB en promedio anual durante el sexenio 1971-1976, cifra que se incrementó hasta 9.7% del PIB durante el sexenio 1977-1982; mientras que el déficit operacional pasó de 1.4% del PIB en 1965-1970, a 3.5% en 1971-1976 y a 4.8% del PIB en promedio anual durante 1976-1982" (Citado en Web, Calva, 2007).

En 1982 estalla la crisis económica que puede ser atribuida al agotamiento del modelo de Industrialización por sustitución de Importaciones y a los excesos de gasto público en que se incurrió para sostenerlo. Para enfrentar la crisis, el gobierno de Miguel de la Madrid emprendió el cambio estructural de la economía con orientación al mercado, en donde la reforma al Estado se convirtió en el eje central. Un alza dramática de las tasas de interés internacionales, que generalmente viene asociada con escasez de recursos financieros para los países en desarrollo, provoca un problema dual: se encarece el servicio de la deuda por el alza súbita de la factura de intereses y se dificulta el acceso a créditos para refinanciar amortizaciones.

Producto de la crisis económica, el Estado opta por reducir sus inversiones en infraestructura afectando con esto a distintos sectores estratégicos para la nación, como la industria eléctrica. Para compensar la falta de inversión, en los ochentas se considera al ahorro de energía, como una alternativa a la política de generación. Por esta razón se crea la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), que es un organismo desconcentrado creado por acuerdo presidencial del 28 de septiembre de 1985.

En 1989 el gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) emite el Plan de Modernización Energética 1989-1994. En él se establecen las líneas generales para integrar la industria eléctrica al proyecto de modernización económica del país. El objetivo fue que la industria eléctrica cumpliera con los requerimientos de disponibilidad de energía y calidad del servicio que la nueva etapa de desarrollo industrial y comercial demandara para la década de los noventa.

El 2 de febrero de 1999, el presidente Ernesto Zedillo envía al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas a los Artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa presenta la desregulación de la industria eléctrica. El argumento central, expuesto por el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), consistió en la necesidad de obtener cuantiosos recursos para asegurar el abasto de energía eléctrica en los primeros años del siguiente siglo.

"En efecto –señalaría el presidente Ernesto Zedillo-, con el fin de hacer frente a la demanda de electricidad durante los próximos seis años, se tendrá que invertir lo necesario para aumentar en más de una tercera parte la capacidad eléctrica instalada desde que esta industria nació en México, hace más de un siglo, en pocos años habrá que hacer lo que antes nos tomó muchas décadas. Este reto de crecimiento y modernización, -concluía el presidente-, significa necesidades de inversión por 250 mil millones de pesos, sólo para los próximos seis años" (Díaz, 2004, Pp. 11, 12).

La privatización en México se concibió en todo momento como una parte importante del proceso integral de ajuste macroeconómico y reforma estructural de la economía.

“Como cualquier otra industria, la eléctrica tiene costos (de operación y expansión por nuevas inversiones) e ingresos propios. En el caso del sector eléctrico mexicano, los ingresos no son suficientes para cubrir los costos, y eso genera un déficit que se cubre con transferencias del gobierno federal” (Kalifa, 1999, p.18). “El monto promedio de subsidios anuales entre 1995 y 1998 (33,866 millones de pesos de 1998) más que duplica su valor anual promedio entre 1990 y 1994 (15,557 millones de pesos de 1998) en términos reales” (Kalifa, 1999, p.18).