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Introducción

En México, a pesar de los importantes movimientos sociales que han protagonizado los pueblos originarios, pocos han sido los investigadores que se han interesado en dar cuenta de las particularidades de los liderazgos que surgen en el seno de estas comunidades (REINA, 1980, HERNÁNDEZ Silva, 1997: 194-195, GUTIÉRREZ Chong, 2001).

La construcción de la identidad de los pueblos originarios ha tenido que lidiar con la estigmatización que ha ejercido sistemáticamente la sociedad mestiza y sus instituciones que construyeron el acceso a la ciudadanía plena, a partir de la idea de crisol cultural. La indianidad se asociaba entonces con la pobreza económica, la marginación, la opresión y la inferioridad. Es por esto, que en este artículo elegimos utilizar el término pueblos originarios que pone énfasis en la historia socio-espacial de estos grupos.



Este trabajo se compone de dos partes. La primera es un breve recorrido histórico sobre las formas que han adquirido los movimientos de los pueblos originarios. En la segunda, se abordará cómo algunos líderes e intelectuales orgánicos han motivado en las comunidades procesos organizativos que han favorecido la contra-estigmatización y el empoderamiento que, a su vez, ha producido formas organizativas originales.

De rebeliones y revoluciones: la recomposición de territorios y formas de organización de los pueblos originarios

Como ya ha sido ampliamente estudiado por renombrados científicos sociales, la ruptura establecida por la Conquista y la transformación impuesta por la colonización cambió brutalmente las estructuras: social, económico-productiva y territorial de los pueblos originarios en México. Pero este no fue un proceso al que los pueblos accedieron impasiblemente (BARTOLOMÉ, 1997; LOCKHART, 1992; GRUNZINSNKI, 1993; GUTIÉRREZ Chong, 2001; REINA, 2000).

Innumerables rebeliones y revueltas se suscitaron desde el siglo XVII, que tuvieron como característica su espontaneidad y la ausencia de líderes identificables a los ojos de las autoridades peninsulares y criollas. Las formas horizontales de organización de estos movimientos y el papel protagónico de las mujeres parecían incompresibles para los españoles que tenían una jerarquía rígida donde sólo participaban los hombres (Reina, 2004: 83-84).

El eje central de las luchas de los pueblos originarios, que ha surcado los siglos, ha sido la posesión de las tierras y el acceso a los recursos naturales. Estas luchas no sólo se caracterizaron por protestas y levantamientos, pues existen amplios registros en donde las comunidades iniciaban procesos legales, reconociendo la autoridad de la administración colonial para resolver conflictos de linderos y de derechos. Pero tal fue la amplitud que tomaron la espoliación de tierras a los pueblos originarios y la presión a sus sistemas productivos, que no es azaroso que las dos luchas armadas que marcaron el México independiente y revolucionario estallaran por la cuestión agraria (REINA, 2004: 88 y 93).


Durante el siglo XIX, estas luchas fueron motivadas principalmente por la Reforma Liberal de 1855-1857 que transformó las tierras comunales en propiedad privada. Este periodo marca también el inicio de su acaparamiento por compañías internacionales y hacendados que instalaban plantaciones comerciales de tabaco, henequén y caña de azúcar, entre otros productos (PÉREZ Castañeda, en prensa) (REINA, 1980). Como dice Pérez Castañeda, esta primera etapa de amortización, que acabó supeditando las tierras y los recursos naturales de los pueblos originarios a una agricultura industrial, se saldó con la Revolución (PÉREZ Castañeda, en prensa). Inició entonces un periodo de distribución de núcleos agrarios y algunos pueblos originarios lograron recuperar sus tierras comunales y beneficiarse de tierras ejidales. Sin embargo, una vez más el gobierno revolucionario decidió ignorarlos como sujetos de derecho y tratar, a través de la política de Estado de asimilarlos a la cultura mestiza. Asimismo, las tierras repartidas siempre eran de mediana o baja calidad, enclavadas y difícilmente explotables. Aún así, los pueblos originarios continuaron en su resistencia y ya entrado el siglo XX empezaron a surgir importantes liderazgos de intelectuales orgánicos.

Tal vez la sublevación más importan.te y prolongada de la época fue aquella de los pueblos yaquis liderada por Cajeme, Juan Banderas y Tetabiate, pero este movimiento formaba parte de una dinámica regional más amplia protagonizada por los ópatas, pimas, pápagos, mayos, seris y apaches; todos participantes de alzamientos en Sonora en pos de conservar su territorio. La brutal reacción del gobierno porfiriano fue establecer una política sistemática de exterminio y deportación al sur del país (HERNÁNDEZ Silva, 1997: 194-195).

Esta rebelión es también un ejemplo paradigmático de cómo los liderazgos indígenas no sólo se transformaban en su relación con la sociedad mestiza, también de su capacidad de transformar los juegos de poder y contrapoder al interior de las propias comunidades. Los pueblos originarios a través de las revueltas no buscaban necesariamente derrocar al gobierno, ellos combinaban diversas estrategias: choque, negociación, adaptación, pactos y alianzas que permitían mantener un equilibrio tanto al interior como al exterior; ambas dimensiones entendidas como un mosaico de actores indígenas y mestizos que cooperaban o competían para conseguir que sus intereses fueran respetados.

El historiador Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva muestra que muchos de los líderes insurrectos tenían su contraparte negociadora con el gobierno nacional. Por ejemplo, Juan Banderas líder rebelde a favor de la confrontación, no era el único dirigente yaqui. En paralelo, Juan María Jusacamea decidió adaptarse y optó por una estrategia negociadora con las autoridades, además de cohesionar a los diferentes actores de los pueblos yaquis. Después de la muerte de Banderas tanto autoridades indígenas como estatales nombraron a Jusacamea capitán general de la nación Yaqui.




Es verdad que desde una perspectiva lineal y polarizadora este hecho puede ser interpretado como la cooptación de líderes por el poder hegemónico, pero desde una perspectiva de análisis fino, el autor nos demuestra que los pueblos originarios siempre han sido dinámicos y han buscado estrategias políticas para defender sus posiciones e intereses tanto al interior (facciones) como al exterior (Estado). Como lo analiza Hernández Silva siempre ha habido quienes apoyan el orden corporativo y quienes quieren romper con éste para encontrar alternativas más equitativas de poder (1997: 196-198). Desde la perspectiva de la teoría del liderazgo podemos pensar que la relación líder-seguidor se transformó con la muerte de Banderas y Jusacamea representó para los yaquis una continuidad en su lucha, actualizando las estrategias que permitirían conseguir las metas colectivas. En este sentido, Jusacamea consiguió adherir más seguidores a su grupo y fortaleció el lazo de confianza establecido anteriormente con sus seguidores originales (DANSEREAU, Seitz, Chiu et al, 2013: 799).

Poder y bien común

Como ya hemos señalado líneas arriba, desde la llamada Conquista, los pueblos originarios han vivido una situación de subordinación, en un principio con respecto a criollos y mestizos, y después de la Revolución con los mestizos, quienes además realizaban una apología solamente del pasado indio para sostener la identidad nacional, negando los derechos de los pueblos originarios del presente.



Esta dominación si bien se ha mantenido a lo largo de los siglos, tomó varias formas de acuerdo a los diferentes proyectos políticos que la enarbolaban. De ahí derivaron modalidades bastante insidiosas para las comunidades, como es el caciquismo en donde a partir de relaciones clientelistas se cooptaba la acción social, se fortalecía la explotación y se acrecentaba la indefensión de los pueblos originarios (BARTOLOMÉ, 1997: 165).

Al principio de la época colonial, algunas comunidades con importantes principales como el señorío de Tlaxcala pudieron mantener su gobierno interno con ciertas modificaciones establecidas y con la supervisión de las autoridades españolas. Algunos jefes "indios" continuaron gobernando a su gente a nivel local pero eventualmente perdieron incluso este estatus limitado. Por tanto, en teoría, la Corona permitía a los "indios" tener autoridades locales y los españoles debían únicamente gobernar los sectores generales y provinciales. Pero la realidad era que incluso los gobiernos "indígenas" locales fueron muchas veces suprimidos y sus autoridades desorganizadas. Por ejemplo, el virrey Mendoza nombró a gobernadores y a alcaldes para los pueblos nativos poco después de que asumiera el poder, inhabilitando a las autoridades "indígenas" de ejercer el autogobierno (PRESCOTT, 1934: 71-112).

Poco a poco, los gobernantes españoles impusieron su sistema político, que no reconoció la organización de los pueblos originarios. Así, a lo largo de los tres siglos siguientes, el liderazgo de los pueblos originarios fue mermado. Cuando poco después de la Revolución se dieron las condiciones para que se reconociera la propiedad comunal y se formaran los ejidos. Los líderes locales –que habían trascendido como autoridades tradicionales–, pudieron recuperar su estatus, aunque debido a la falta de reconocimiento constitucional como sujetos de derecho su capacidad de influencia en las decisiones no era patente.

Desde entonces la dominación impuesta a los pueblos ha tomado otros rasgos, tal como la enajenación de tierras y la cooptación. Así, el gobierno federal creó algunas organizaciones que incluían a representantes y líderes de las comunidades. En 1975, el Estado organizó el Primer Congreso de Pueblos Indígenas para tratar de institucionalizar un canal para las demandas étnicas, a través de las mismas estrategias corporativistas. Se fundaron entonces los "Consejos Supremos Indios" con influencia oficial estatal y fueron adheridos a la Confederación Nacional Campesina, dependiente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A la par, se desarrollaba la institucionalización del indigenismo en México (BARTOLOMÉ, 1997: 167).

Dichas estructuras eran artificios estatales que trataban de contener los procesos organizativos e ideológicos que reformulaban la autoimagen de los pueblos originarios y que propiciaban el empoderamiento, todo esto, producto del pensamiento indígena independiente. Esta corriente ideológica que nace en la segunda mitad de la década del setenta fue desarrollada por intelectuales provenientes de los pueblos originarios formados en el ámbito académico que criticaban las políticas gubernamentales de asimilación e integración (GUTIÉRREZ Chong, 2001: 155). Estos intelectuales reprochaban que las estructuras jerárquicas impuestas negaran las formas de liderazgo tradicionales como son los sistemas de cargos que habían persistido a lo largo de los siglos gracias al rol social, cultural, ético y simbólico que cumplen en las comunidades ¹ . Los intelectuales de los pueblos ponían especial énfasis en que estas configuraciones organizativas permitían consolidar el compromiso con el orden socioecosistémico, con valores colectivos, las tareas y los roles diferenciados.

Esta dominación histórica y sistemática ha dejado huellas profundas en el seno de las comunidades. Muchos individuos asumen su indianidad como una forma de ciudadanía ineficiente y buscan despojarse de ella, esperando tener derechos plenos al convertirse en mestizos. El estigma para ellos ha prevalecido en la memoria y en su historia personal. En el otro extremo del espectro, se ha dado una transformación simbólica que ha permitido construir un contraestigma que revalora la autoimagen de forma positiva y que tiene prospectiva para llevar a cabo nuevos proyectos colectivos con el fin de superar la situación de subordinación.

Durante la segunda mitad del siglo XX, los investigadores sociales pensaban que la "cuestión étnica" se resolvería únicamente sobre bases económicas y estructurales. La realidad demostró en 1994 que los pueblos originarios buscan que sus propios proyectos lingüísticos, territoriales, culturales, políticos, sociales y de memoria sean reconocidos y adoptados por el Estado (BARTOLOMÉ, 1997: 166-167).

El reconocimiento de derechos como motor de la organización

Si hacemos un análisis más fino de los procesos sociales que dinamizan a los pueblos originarios, nos damos cuenta que las luchas han sido permanentes desde la Conquista. Tanto la defensa de sus tierras, recursos naturales y sitios sagrados como el acceso a una ciudadanía plena desde su diferencia han sido procesos sociales de largo aliento. Si bien, muchas veces en el discurso se refieren a la costumbre, a los lazos comunitarios y a su especificidad étnica, su función comunicativa es hacia las personas fuera del grupo para poner énfasis en que sus derechos fueron adquiridos mucho antes de que existieran las reglas del Estado mexicano. Además se interpelan diversos acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, recordándole al Estado mexicano que pueden allegarse de recursos legales extranacionales para defender sus derechos. Por lo tanto, podemos decir que la lógica histórica siempre guía la concreción de metas (MUMFORD, ANTES, CAUGHRON, & FRIEDRICH, 2008).



Si trazamos un conflicto de un pueblo originario podemos ver que hay varios líderes involucrados, algunos con una formación académica o técnica que pueden fungir como brokers o expertos. Por otra parte también observamos que se consulta a los ancianos, miembros de la comunidad que están ungidos por las normas tradicionales y a quiénes se les respeta por su buen juicio y defensa del bien común. En este sentido, la organización mantiene el registro histórico de las soluciones y resultados obtenidos en cada situación específica, conformando una memoria colectiva. Los líderes que aparecen en la escena pública son contingentes pues pueden cambiar de una situación a otra y en donde el grupo, los acomide por su expertise o capacidad de traducción de sus valores comunitarios a aquellos del proyecto nacional. Esta transformación de las metas y objetivos se da a lo largo del tiempo para renovar las estrategias y adaptarlas a la realidad actual.

Acción social y ciudadanía plena

Las organizaciones de los pueblos originarios tienen como centro a la comunidad y buscan tener una influencia en primer lugar local para fortalecer su acción colectiva a partir de la resolución de problemas concretos que inciden en el cotidiano del grupo social, luego pueden ir irradiando su influencia a otras causas o hermanarse con las problemáticas que viven otros pueblos originarios. En este punto, se vinculan con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales que pueden apoyar su causa y fortalecerla en términos de comunicación o recolección de recursos para proyectos comunitarios. Se trata de construir respuestas efectivas a las demandas colectivas.

Los líderes de los pueblos originarios no solamente actúan en el ámbito político, también buscan incidir en el productivo, económico y social. Por ejemplo, al adherir a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y a su vez, a Agencias de Desarrollo Local pueden generar oportunidades para abrir mercados justos para los productos regionales, espacios de venta propios o registro de marcas para garantizar los derechos de propiedad intelectual y de revalorización cultural.

Otra temática importante es la promoción de los derechos inherentes de los pueblos. Este aspecto es relevante ya que la desposesión de sus territorios y explotación de los recursos naturales, va más allá del espacio comunitario. La disputa por los recursos es un asunto en la agenda de los líderes regionales. A partir de la reforma del artículo 27 de la Constitución Política de México, en 1992, se intensificó la desposesión de los recursos naturales, los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado de los pueblos originarios en un proceso que podría ser llamado nueva etapa de acaparamiento de la tierra (PÉREZ Castañeda, 2002:35).

Otro aspecto es la sensibilización y la promoción de acuerdos con autoridades locales y nacionales. Mucha de la información que se genera a nivel nacional e internacional, sobre asuntos que incumben a los pueblos originarios es difundida por las organizaciones, siendo un nodo comunicativo que articula los ámbitos comunitario, nacional e internacional. Los líderes indígenas regionales también pueden promover temas de salud y gestión de proyectos ante instancias estatales y federales, fundaciones y agrupaciones humanitarias. Lo que los hace brokers sociales, es decir, mediadores para hacer fluir los recursos estratégicos entre actores (materiales, simbólicos y de información) (NATAL y BLÁSQUEZ, 2012:58). Por ejemplo, la gestión que hacen los líderes para colocar sus productos con un buen precio y en canales alternativos de comercialización como los mercados de comercio justo.

En cuanto a derechos de propiedad intelectual se refiere, algunas organizaciones buscan proteger colectivamente tanto los componentes tangibles como los intangibles de su patrimonio cultural, dando respuesta a los nuevos retos que impone la incesante tendencia de privatizar la gestión de los bienes comunes. Así se articula la defensa del conocimiento botánico, medicinal y de plantas domésticas. También se valoriza la artesanía y el conjunto de prácticas vinculadas a la cosmovisión de los pueblos originarios.

A modo de conclusión

Como podemos observar, todas las acciones pueden resumirse a la defensa de los derechos humanos y las organizaciones de los pueblos originarios han hecho un intenso trabajo para que los instrumentos nacionales e internacionales funcionen para ir conquistando el ejercicio de una ciudadanía plena. También buscan la representación política para perseguir en el ámbito nacional el respeto de los derechos humanos y aun más, la autonomía de los pueblos, el reconocimiento de sus territorios y los derechos colectivos. Asimismo, se promueven proyectos de desarrollo integrado de los pueblos y comunidades. Más aún, en este espacio se promueve también la formación de recursos humanos. Algunas organizaciones incluso le dan seguimiento a las políticas públicas que se impulsan desde el aparato gubernamental. Así las organizaciones de los pueblos originarios han logrado que ciertos temas entren en las agendas legislativas, desde cuestiones del presupuesto hasta de problemáticas de tierras y territorios. Además, en este nivel, se ha impulsado a líderes de los pueblos originarios como candidatos a ocupar una curul en el Congreso de la Unión.

Bibliografía

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