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Introducción

¿Cómo romper la larga y pesada tradición, patrimonialista-corporativa y clientelar, de control autoritario en las organizaciones en el medio rural mexicano hoy en día?

Esta es una de las preguntas que durante décadas, numerosos investigadores y analistas del medio rural se han propuesto responder. Es, por decirlo muy directamente, uno de los temas privilegiados en la discusión de la acción colectiva rural en nuestro país.

En esta discusión, se han planteado y analizado posibles respuestas desde muy diversas alternativas y desde variadas perspectivas. Se ha planteado, por ejemplo y desde una lógica ciertamente emancipadora y autogestiva, que este proceso puede ocurrir como consecuencia de la implementación de exitosos procesos productivos autosustentables. Desde otra óptica, neo institucional, se ha visto que el establecimiento de una relación de corte civil con los diferentes órdenes de gobierno posibilita, hasta cierto punto, una gradual autonomización de organizaciones rurales, usualmente dependientes de los intercambios que se llevan a cabo con partidos políticos y funcionarios gubernamentales mediatizados por éstos. También se ha explicado que el trabajo coordinado entre diferentes organizaciones, es decir, la construcción de esfuerzos asociativos de segundo y tercer nivel, puede ser un factor que potencialmente contribuye en procesos autonómicos en las organizaciones del medio rural mexicano.

Lo cierto es que ninguna de estas explicaciones causales ha resuelto de forma cabal la discusión que se plantea. Por ello, es necesario y conveniente continuar por la ruta de la exploración de casos que permitan conocer y analizar experiencias en las que sea posible encontrar nuevos mecanismos que redunden paulatinamente en el resquebrajamiento de las redes de control social típicas del régimen autoritario encabezado por el binomio PRI-Gobierno. Es verdad que, como en todo fenómeno político y social, la construcción de una respuesta más precisa requiere un análisis multifactorial en el que se contemplen y tomen en cuenta aspectos diversos. Esto nos lleva a la construcción de una lógica causal más compleja, pero probablemente más comprensiva.

La idea, tomando en cuenta lo anterior, es explicar brevemente la experiencia de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI en lo sucesivo) en su búsqueda por establecer formas autonómicas de organización colectiva indígena en su zona de influencia. Nos interesa observar los mecanismos que han permitido a la organización, hasta cierto punto y a lo largo de sus más de treinta años de existencia, mantenerse como una alternativa organizacional autónoma para miles de productores de café en decenas de comunidades de la Sierra Juárez en el Estado de Oaxaca en México.

La hipótesis central es que la UCIRI ha logrado consolidarse como una organización con un elevado grado de autonomía. Esto se debe, en muy buena medida, a que logró establecer una red de solidaridad global amplia y compleja que le permitió allegarse recursos con los que pudo romper lazos de dependencia y control político que han sido muy efectivos con otras organizaciones de la región y, en general, han sido un mecanismo muy efectivo de dominio sobre lo social organizado rural.

Para estructurar esta presentación, este trabajo se divide en cuatro partes. En la primera se discute muy brevemente la naturaleza de las relaciones corporativas y clientelares montadas por el régimen priista durante el siglo XX. En el segundo apartado se hace una breve narración sobre la manera como se creó la UCIRI, sus principales supuestos organizacionales y situación actual. En el tercer apartado se explica la forma como la organización se vinculó y contribuyó en la construcción del llamado Comercio Justo (CJ en adelante), una amplia red de solidaridad global con productores pobres de países en desarrollo. Finalmente, a manera de conclusión, se hace una análisis de las perspectivas y potencialidad de este tipo de relaciones transnacionales como una forma de romper la dependencia clientelar y corporativa de numerosas organizaciones rurales mexicanas.

El corporativismo y el clientelismo rural mexicano

En México, durante el periodo autoritario hegemonizado por el sistema conformado por el PRI y el gobierno encabezado por el presidente de la república, se buscó de manera general y sistemática controlar, maniatar y subsumir la actividad organizada de la sociedad. Regularmente, las organizaciones y asociaciones existentes, compartían una serie de características generales¹ :

Liderazgos fuertes y continuamente vitalicios.

Estructuras autoritarias y verticales de gobierno.

Control y dominio a través de prácticas burocrático-administrativas.

Elites organizacionales separadas y muy alejadas de las bases.

Mecanismos poco claros para la toma de decisiones y la elección de dirigentes.

Control por parte de la dirigencia de los procesos de elecciones de las propias dirigencias.

Pocos o nulos espacios y oportunidades para la deliberación.

Inexistentes o deficientes mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Cooptación y violencia como mecanismos de control de las disidencias internas.

Con estos mecanismos en funcionamiento, prácticamente cualquier esfuerzo de acción colectiva que, incluso de manera discreta, planteara mantenerse por fuera del perímetro del control priísta, era vista con recelo y preocupación por el establishment.

En este sentido, mucho se ha discutido sobre el papel que han jugado las grandes organizaciones gremiales como la Confederación de Trabajadores de México, La Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en la construcción y preservación de este sistema. No es necesario abundar en ello. Lo que sí resulta conveniente, es apuntar que desde una estructura jerárquica y diferenciada por niveles, la estrategia de control corporativo y clientelar extendía sus tentáculos a cada rincón del país y a cada sector de la economía o la política.

Para el caso que nos ocupa, hay que decir que una buena cantidad de organizaciones de productores de café fue incorporada al régimen a través del Instituto Mexicano del Café (INMECAFE)². Según algunos (JAFFEE, 2007; ARANDA y Morales, 2002; FRIDELL, 2007; LEWIS, 2005), este organismo, aunque fue inicialmente concebido para apoyar a los pequeños productores de café con asesoría técnica y la provisión de algunos insumos como fertilizantes, a partir de la década de los setenta tomó un papel central en el sector para promover su desarrollo. Su apoyo fue clave para miles de productores que, de otra manera, quedaban a expensas de los "coyotes" locales. Sin embargo, en términos políticos, el INMECAFE se convirtió en una de las herramientas privilegiadas para cooptar a los productores de café, pues a través de las llamadas Unidades Económicas de Producción y Comercialización (UEPC), los organizó a nivel comunitario para luego afiliarlos, casi en automático, a la CNC del PRI³.


En particular, en la Sierra Juárez de Oaxaca y, concretamente, en el área en la que UCIRI se extendería años después, a finales de los sesenta y durante la década de los setenta, operaban dos organizaciones que peleaban la hegemonía en la comercialización del café: la UEPC, relacionada directamente con el INMECAFE y, por ende, con el gobierno federal, y la Unión de Pequeños Productores de Café (UPPC), afiliada directamente a la CNC del PRI. Ambas organizaciones, si bien en un inicio se crearon para mejorar las condiciones de comercialización del café, en poco tiempo quedaron bajo el control de los caciques locales, pertenecientes al PRI (COBO y Bartra, 2007). Con esto se puede apreciar con claridad el gran alcance de las redes corporativas del PRI en aquellos años.

Con todo, el sistema corporativo-clientelar, tal como operó durante buena parte del siglo XX, presentó signos de agotamiento en las últimas décadas del viejo milenio. Al menos dos factores explican su debilitamiento. Por un lado, dicho control se erosionó fuertemente cuando se acortaron los recursos estatales como consecuencia de la implementación del programa de ajuste estructural en México, emprendido a partir de la década de los ochenta, lo cual provocó que los controles autoritarios se endurecieran, al menos por un tiempo. Por el otro, la persistente lucha de grupos y organizaciones que se resistieron a caer en manos del control priísta. Una lucha, por cierto, llena de eventos violentos contra organizaciones sociales, sindicatos y movimientos que resintieron con toda dureza la represión estatal y la inflexibilidad del régimen autoritario.

Para algunos autores, el proceso de transformación del régimen corporativo y clientelar hacia un escenario más pluralista en el campo mexicano, está lejos de haber concluido debido a que se han generado nuevos mecanismos de control y coerción por parte del régimen o los partidos políticos (o se han sofisticado los antiguos) y también porque permanece la dependencia de innumerables organizaciones campesinas hacia los recursos que dichos actores les pueden aportar. Se trata, en buena medida, de un nuevo escenario en el que las organizaciones campesinas se convierten en aparatos de recolección de fondos públicos (generalmente de los programas focalizados en el apoyo a la producción o el abatimiento de la pobreza, entre otros), tendencia que ha llevado a algunos a hablar de un periodo "neocorporativo" (CARTON de Grammont, 2008) o "semi-clientelista" (FRIDELL, 2007). Sin embargo, y por eso nos parece importante el trabajo de la UCIRI y otras organizaciones vinculadas con el movimiento del CJ, algunas agrupaciones han alcanzado un mayor nivel de autonomía al encontrar fuentes de financiamiento y apoyo fuera del país con organizaciones solidarias.

UCIRI, nacimiento de una esperanza

La UCIRI fue creada en el año de 1983 en la comunidad de Guevea de Humboldt en la Sierra Juárez del Estado de Oaxaca en México. Es el resultado organizativo de una reflexión que algunos productores llevaron a cabo sobre las circunstancias económicas y sociales que prevalecían en la región, por iniciativa de una Misión de la Diócesis de Tehuantepec enviada por el Obispo Arturo Lona durante los años de 1981 y 1982. En la misión, el papel del sacerdote Frans VanderHoff fue muy importante, tal como el seguimiento que dio a la organización, ya que incluso se quedó a vivir en la zona y así lo hace hasta la actualidad.

En dichas reuniones, los productores de café se dieron cuenta de que el principal problema que enfrentaban, debido a que era origen y causa de otros numerosos rezagos y carencias, era el bajo precio que recibían por el café que cultivaban en la zona. Se constató después que el café que se produce en la región es de buena calidad, de la clase arábica, por lo que la razón que explicaba los bajos precios del aromático no era un tema relacionado con la calidad. En realidad, como parte de las redes de control político y de dominio autoritario, se dejó crecer en la Sierra Juárez una extensa red de intermediarios, especuladores y acaparadores, que bajo el nombre genérico de "coyotes", controlaban la comercialización del grano al amparo de los caciques locales.

Los coyotes disfrutaban de plena libertad para hacer sus negocios, con los cuales sacaban márgenes de utilidad muy amplios. Con el comercio del café, el negocio era redondo: pagaban precios irrisorios a los productores locales y lo vendían a muy buen precio en los centros de distribución que se encontraban en los conglomerados urbanos cercanos donde era muy difícil llegar a los productores.

De acuerdo con VanderHoff (2005), a principios de los ochenta, cuando se cayó el precio internacional del café, éste se podía intercambiar por otros productos como frijol, maíz, abarrotes varios, entre otros. El primero se intercambiaba a razón de un kilogramo por veinte kilogramos de café.


En otros trabajos (CHÁVEZ y Natal, 2008) hemos documentado otros negocios con los cuales los coyotes expoliaban a los habitantes de la zona: la venta de productos de primera necesidad, la usura, los servicios financieros y el transporte, entre otros. Todos eran oportunidades para hacer rentables negocios a costa de los productores de café, sus familias y otros habitantes de la zona.

Es importante señalar que la UCIRI se formó, desarrolló, consolidó y opera fundamentalmente en poblaciones muy pequeñas, ubicadas en regiones montañosas, con una elevada proporción de población indígena y un alto o muy alto grado de marginación, mortalidad infantil y analfabetismo, así como un muy bajo nivel de ingreso y de desarrollo humano, donde la actividad primordial es el sector primario⁴, la tenencia de la tierra es casi por completo propiedad comunal y son regidas por el sistema de usos y costumbres.


Esta composición sociodemográfica, aunada a diferencias étnicas notables, hacía pensar como una meta muy complicada la generación de esfuerzos autónomos de acción colectiva que permitieran a los productores de café y sus familias organizarse para defender sus propios intereses y para mejorar sus condiciones de vida.

Sin embargo, treinta años después de haberse formado la UCIRI, el panorama no sólo para sus socios, sino para grupos más extensos de las poblaciones en donde ésta tiene presencia, ha cambiado notablemente.

Por un lado, la UCIRI, junto con otras organizaciones de cafetaleros que se formaron posteriormente con su apoyo, definen el precio del café en la zona. Esto ya no queda en manos de los coyotes como ocurría todavía hasta la década de los noventa. Si bien los vaivenes del liberalizado mercado internacional del café afectan de manera importante su precio, con el trabajo de estas organizaciones y sus aliados globales, el precio en la zona mejoró. Pero más aún, por primera vez en décadas, los productores reciben pagos por adelantado para iniciar la temporada, con lo que se puede planear y hacer estimados de producción y ganancias (CHÁVEZ y Natal, 2012). Este es un cambio estructural que transformó, hasta cierta medida, pesadas inercias económicas y sociales en la zona.

Hoy, la UCIRI cuenta con cerca de 2 mil 500 socios productores de café, provenientes de unas seis etnias, y tiene presencia en casi cincuenta comunidades en la Sierra Juárez en un perímetro muy amplio.
La organización comercializa en mercados internacionales más de mil toneladas de café y otros productos, como el maracuyá. Pero además ha echado a andar una política de apoyo social muy importante a través de la provisión de servicios, hasta hace poco inexistentes en la región o acaparados por los coyotes, una red de tiendas de abasto de productos básicos a precios justos, una fábrica de ropa, una caja de ahorro que ofrece servicios financieros, clínicas de salud y una empresa propia de transporte, entre muchos otros.

Hoy por hoy, la UCIRI es probablemente una de las organizaciones autónomas campesinas más reconocidas a nivel nacional. Ha ganado una enorme presencia regional, pero además es valorada positivamente en otros estados e, incluso, en otros países, por la ayuda que ha brindado a organizaciones de productores que se plantean la construcción de proyectos autogestivos autónomos como el que encabeza en la Sierra Juárez.

La UCIRI y el CJ

En un contexto tan adverso definido por la liberalización y caída de los precios del café, por la retirada del Estado como garante y promotor del desarrollo de la producción cafetalera, por el "vacío de autoridad" (CHÁVEZ y Del Conde, 2014), por la pobreza, marginación y aislamiento de sus socios, por la falta de oportunidades, por la violencia y falta de acción de los diversos órdenes de gobierno, por la histórica fragmentación comunitaria prevaleciente en la zona, ¿cómo se alcanzaron tantos y tan importantes logros en un lapso de tiempo relativamente corto?

En el análisis de este caso, aunque hay otros factores, se debe rastrear la respuesta en la incorporación de la UCIRI en el CJ. Dos aspectos resultan relevantes para nuestro análisis en este respecto.

En primer lugar, es relevante explicar que fue a través de las transacciones cafetaleras en el CJ, como se logró mejorar los ingresos de los socios, pero además le permitió a la organización tener recursos propios para operar y para poner en marcha los diversos y numerosos proyectos que se mencionaron en el apartado anterior (VANDERHOFF, 2005).

De manera muy sintética, el CJ es un mercado alternativo que tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones de vida de productores primarios y trabajadores del campo en los países en desarrollo. Se plantea como una opción de participación en el mercado bajo condiciones de menor desigualdad económica y social, y su motor principal es la solidaridad global entre comunidades epistémicas muy diferentes. Es un sistema creado por pequeños productores en países en desarrollo y consumidores solidarios en países desarrollados, con la finalidad de que los productores reciban un precio que tenga relación directa con sus costos de producción y los consumidores puedan obtener productos saludables y de buena calidad. Su supuesto primordial es que a través de la disminución de los intermediarios que participan en las cadenas de comercialización de sus productos es posible pagar un mejor precio a los productores primarios (ARDITI y Chávez, 2006). El CJ es una propuesta que no sólo apuesta por el aumento en el ingreso económico de los pequeños productores sino, además, pugna por el desarrollo social al interior de las mismas organizaciones y de las comunidades donde ellos viven. El CJ, desde que se puso en marcha a finales de la década de los ochenta, ha tenido un crecimiento espectacular. Hoy en día, a través del también llamado mercado alternativo, 1,149 organizaciones de productores de países en desarrollo venden sus mercancías en 125 países. Esto implica que cerca de 1.3 millones de productores y sus familias se ven beneficiados de las transacciones justas. Durante 2012 las ventas de productos dentro del CJ llegaron a los 500 mil millones de euros, récord histórico, aunque una porción muy pequeña del valor del comercio mundial (FLO 2014). Hoy, el CJ es una vasta y nutrida red de organizaciones de muy distintos tipos que tiene presencia en prácticamente todo el mundo (ARDITI y Chávez, 2006).

La UCIRI es parte importante de este esfuerzo de solidaridad global. En efecto, la organización se incorporó al CJ prácticamente desde su creación. En realidad, el haber contado desde su formación con el apoyo de Frans VanderHoff fue muy importante, ya que este sacerdote, junto con su colaborador Nico Roozen, planeó y puso en marcha las primeras transacciones justas a finales de los años ochenta. Estos primeros acuerdos, hechos con tostadores y distribuidores solidarios en Holanda, derivaron en la creación del primer sello del CJ, el label Max Haavelar, que después fue replicado en cerca de una treintena de países en el mundo.

Este es el otro aspecto relevante de la participación de la UCIRI en el CJ. Por un lado, la UCIRI y sus socios fueron beneficiarios del CJ, lo que les permitió recibir recursos que tanto en el nivel individual como en el nivel organizacional y comunitario les permitió romper la necesidad de recursos sólo disponibles, al menos en un inicio, a través de las redes corporativas y clientelares del PRI. Pero por el otro, al ser algunos de sus miembros los primeros arquitectos de las relaciones comerciales justas, la UCIRI sirvió como patrón de medida, como un modelo organizacional (JAFFEE, 2007; FRIDELL, 2007; SIMPSON y Rapone, 2000) a seguir que después fue empleado y replicado en otros regiones y países como parte de los acuerdos del CJ (ARANDA y Morales, 2002). En efecto, la Unión es a la vez causa y efecto de dicho movimiento, debido a que, en una parte, es pionera en la venta de los productos agrícolas a través de transacciones consideradas justas a consumidores solidarios en países desarrollados y, en otra, se sujeta a las normativas que el propio movimiento exige y que construyó junto a las organizaciones que lo conforman.

En la actualidad, la UCIRI vende importantes cuotas de producción de sus socios en el mercado del CJ a organizaciones y compradores solidarios en diversos países del mundo, que a continuación enlistamos:

Prácticamente la Unión no vende café de sus socios a los compradores y coyotes locales. Hace mucho que dejó de hacerlo. Igualmente, no depende de subsidios y apoyos gubernamentales que, de por sí, casi desaparecieron cuando se llevaron a cabo las medidas de ajuste estructural neoliberal en los ochenta.

Conclusiones

La experiencia de la UCIRI constituye una buena oportunidad para discutir una alternativa poco explorada para romper las cadenas de dependencia basadas en las relaciones clientelares y corporativas propias del régimen priista durante el siglo XX en México.

Esta vía, poco usual, se valió de un recurso escasamente explotado en los momentos en que la organización fue creada: la solidaridad global. Con fronteras todavía muy cerradas, al menos en comparación a lo que ocurre hoy en día y sin acceso a los medios de comunicación existentes hoy en la actualidad, este camino era improbable.

Por eso es doblemente interesante este caso. Las dudas razonables existentes sobre la sostenibilidad de este proyecto se han ido disipando paulatinamente. Son ya casi veinticinco años en los que la organización ha establecido y practicado el proceso, a través del CJ, de exportaciones que le dotan anualmente de recursos para mantenerse como una organización viable y que otorga a sus socios un pago justo por su café.

Por supuesto, quedan otras dudas por resolver. Particularmente, el tema de la dependencia, neo-colonialismo llamado por algunos, podría haberse trasladado de las redes corporativas del PRI-gobierno a las redes globales del CJ. Al menos, trabajar con reglamentos y normatividad que se cumple, la celebración de contratos públicos y otra serie de figuras que dan formalidad y ciertos grados de transparencia a los procesos, son sin duda mejores procedimientos para los productores de café de la Sierra Juárez de Oaxaca, al menos con referencia a como ocurrían las cosas durante el régimen autoritario.

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