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Introducción

En los últimos años, el interés por comprender el papel que juegan los expertos dentro de las instituciones sociales ha crecido notoriamente. Un número sustancial de investigaciones provenientes de distintas disciplinas, que van desde la historia, la sociología, la teoría política o la epistemología social, ofrecen al día de hoy una descripción polifacética sobre cómo se configura el rol del experto en sociedad. Una de las discusiones que llama particularmente la atención es aquella que señala el vínculo creciente entre las instituciones sociales encargadas de implementar decisiones públicas con respecto al conocimiento provisto por expertos. El presente trabajo ahondará en ciertos debates que analizan las consecuencias negativas de este respaldo creciente, brindado por las certificaciones de paneles de expertos en la implementación de decisiones públicas, así como en algunas de las alternativas que se plantean a los problemas detectados.

Por mencionar algunos de los muchos escenarios representativos en los que se manifiesta la dependencia de las decisiones públicas hacia el conocimiento experto, pueden señalarse, a manera de ejemplos: la autorización del uso de ciertos medicamentos para su estudio y posterior comercialización, el diseño de modificaciones urbanísticas del espacio público, la comercialización de productos genéticamente modificados e incluso los marcos de evaluación de competencias de las profesiones que son reconocidas por parte del Estado. La problemática que se identifica en este tipo de escenarios es que el papel que cumplen los expertos enfrenta un dilema cada vez más evidente relacionado con la imputación de una doble función en su trabajo. En tanto agentes de conocimiento, los expertos postulan en dichos escenarios juicios que intervienen de manera crucial en decisiones de interés público. El dilema radica en que su posición de autoridad se basa ya no sólo en la posesión de un campo de conocimiento específico –primordialmente científico, aunque no únicamente–, sino en la influencia política y social que sus dictámenes generan dentro de una comunidad, es decir, en las consecuencias políticas de su ejercicio en tanto autoridad epistémica.

De tal manera, si dentro de las sociedades contemporáneas los expertos están jugando un doble papel dado que sus juicios culminan legitimando decisiones políticas de diverso tipo, la pregunta es si ellos deben ser objeto de un doble escrutinio. Por esta razón, cada vez sería más común y legítimo cuestionar el papel de los dictámenes, evaluaciones o juicios que desarrollan expertos en distintas materias, en función de que sería válido cuestionar si su papel de experto está contribuyendo en efecto al interés público o en realidad está beneficiando a intereses particulares bien focalizados. Por ejemplo, de qué forma la realización de peritajes adecuados en la evaluación de pruebas, o el dictamen científico acerca de las consecuencias perniciosas generadas por la comercialización de ciertos productos, son prácticas expertas en las que se vela de manera correcta por el interés público.


Título: Toma de decisiones. Autor: Edgama De Cuates En lo que sigue, mi objetivo será puntualizar cuatro discusiones que profundizan y muestran las complicadas consecuencias de lo que llamo el dilema de los expertos. La primera de ellas trata sobre la preocupación que autores como Mark Brown (2009) encuentran en el concepto de representación política vigente, en el cual se basa la delegación de la representación a la voz de los expertos. La segunda discusión aborda el argumento que postula Stephen Turner (2003) a propósito de la necesidad de reformular las fronteras que delimitan los debates en la sociedad civil para introducir y tratar, como cualquier otra opinión, aquellas que proponen los expertos. Ambas discusiones constituyen un claro ejemplo de los esfuerzos intelectuales que algunos autores están realizado para debatir los compromisos políticos del conocimiento experto hoy día, aunque, como se verá, cada uno matiza problemas específicos.

Una tercera discusión señala otro tipo de consecuencias que surgen a raíz del dilema de los expertos. Autores como Collins y Evans (2007) y Fuller (1988) postulan que uno de los saldos que ha dejado el incremento de las disputas sobre del papel de los expertos, es la exhibición de la debilidad de los enfoques disciplinares con los que se intenta explicar su actividad.A su manera, cada uno de los autores ubica que el problema radica en la autonomía valorativa presente en las ciencias sociales empíricas hasta ahora utilizadas para analizar el desempeño de los expertos, pues ella impide comprometerse con una evaluación de la doble faceta que se expresa hoy día en el rol de los mismos. Por ello, invitan a desarrollar nuevos enfoques de análisis en los que el elemento normativo esté presente. Por último, indicaré brevemente cómo la epistemología social, por su parte, nos recuerda que pese al contexto cambiante que caracteriza al rol de los expertos, no debe perderse de vista que las consecuencias políticas de su desempeño no son las únicas a considerar, como en ocasiones pareciera indicar la tendencia de los nuevos estudios sobre expertos. En voz de uno de los principales autores de la epistemología social, Alvin Goldman (2011), se afirma la posibilidad de desarrollar mecanismos para evaluar diferentes posiciones entre expertos en función del conocimiento que brindan y por tanto, en la confianza que en ellos podemos delegar de forma racional.

El conjunto de estas discusiones orilla a pensar que el problema de las decisiones públicas evaluadas en torno al sustento que brindan las acreditaciones entre expertos radica en que éstas estarían omitiendo un grave fallo, si al día de hoy no se considera la calidad de los procedimientos democráticos bajo los que se elige cuáles voces expertas escuchar en la toma de decisiones que vinculan los intereses de una comunidad. En síntesis, el dilema de los expertos plantea que las acreditaciones académicas de los mismos son cruciales, así como también las vías por las que democráticamente fueron elegidas qué voces de expertos son visibles y por ende poseen una mayor influencia en la toma de decisiones en el ámbito público.

Controversias tecnocientíficas y el problema de la representación de los expertos

La pregunta que cuestiona el rol de los expertos científicos como garantes neutrales de evaluación en el contexto de las decisiones públicas tiene un deuda importante con la diversidad de investigaciones realizadas en el marco de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología (CTS).¹ Entre los varios logros de los CTS, se encuentra el desarrollo de evidencia empírica sobre las variables conflictivas –en términos sociales– a las que comúnmente se enfrentan los expertos en sus procesos de formación, certificación y acción.² Esta situación despierta el debate en torno a la confianza cedida históricamente a los estos personajes para legitimar decisiones públicas (por ejemplo, estrategias nacionales de salud, diseño de políticas macroeconómicas, planes regionales de consumo energético, certificación de medicamentos para su uso en el mercado).

Adicionalmente, el incremento de las controversias públicas tecnocientíficas ha añadido leña al fuego de la sospecha frente a los expertos (MURGUÍA, 2010). En dichas controversias surgen debates públicos sobre los saldos positivos y negativos que podría generar la puesta en marcha de acciones basadas en conocimiento experto. Una característica importante es la disputa entre distintas interpretaciones brindadas tanto por diversos expertos como por ciudadanos activos ante lo que parece ser diferentes tipos de evidencia que se considera como significativa. Los casos del uso de la energía nuclear, la introducción de semillas transgénicas a los cultivos productivos, la investigación con células madre y hasta la aprobación de nuevos programas educativos, son ejemplos de posibles disputas entre distintas visiones brindadas por expertos y ciudadanos que carecen de las credenciales de expertos (legos), en torno a un problema que surge como resultado de un escrutinio público de los juicios expresados por expertos.

Ante el escenario creciente de duda respecto de la neutralidad de los expertos, se han fortalecido líneas de investigación como la filosofía política de la ciencia, la cual cuestiona, entre otras cosas, la viabilidad que tendría para una sociedad que aspira a regirse por lineamientos democráticos mantener el peso de las decisiones sobre temas cruciales en manos de los expertos. Por tanto, se pregunta si existen los mecanismos institucionales necesarios y suficientes para democratizar la participación en las decisiones ubicadas primordialmente en manos de expertos. Para este propósito, se entenderá por democratización la participación más activa del público lego. En ese contexto, autores como Mark Brown (2009) ofrecen una interesante lectura del problema. Brown sostiene que es importante preguntarse por qué a los expertos se les delega la representación de los intereses sociales durante las controversias públicas, cuestión que se responde con la constitución histórica de argumentos en torno al modelo de representación y, por tanto, la decisión con la que funcionan las sociedades liberales contemporáneas.

En los escenarios en los que se critica de forma clara el dilema de los expertos, lo que se manifiesta es cierta incomodidad respecto de esta noción de representación, la cual no es acorde a las expectativas democráticas contemporáneas de los ciudadanos, quienes, aun siendo legos, demandan una mayor incidencia en temas en los que son relegados. Por tal motivo es importante pensar otros tipos de representación política. Brown, entre otros muchos autores contemporáneos, considera que hay una longeva tradición de pensamiento que podría ayudarnos a plantear soluciones al respecto, para lo cual sería importante remontarse lo mismo al pensamiento de Thomas Hobbes, que al de John Dewey (Cf. CUEVAS, 2008) o Bruno Latour.

Expertos, debate público y una nueva sociedad civil

El dilema de los expertos también ha fomentado un debate en torno a los límites que definen el debate público. ¿Qué se puede debatir en el espacio público considerando condiciones institucionales democráticas? Autores como Stephen Turner (2003) reflexionan sobre los retos que enfrentan las democracias de carácter liberal ante la notoria intervención de los expertos en un sinnúmero de decisiones que vinculan los intereses comunitarios y que no son puestas a debate. Para él, el problema de exceptuar los argumentos de los expertos del debate público, esto es, obviar el dilema al que están sujetos, pondría en serios aprietos las garantías de igualdad y neutralidad en el mediano plazo, dos de los pilares de los estados liberales democráticos.

Turner llega a esta conclusión remontándose a los orígenes del liberalismo democrático. Así, recuerda que éste funcionó en gran medida gracias a su capacidad de construir un ámbito que, como el de la sociedad civil, tenía atribuciones específicas para mediar las disputas de intereses. En ese espacio se discute, polemiza y se evalúan las decisiones públicas. Es, pues, una condición necesaria para la construcción y mantenimiento de un gobierno basado en la discusión.

Bajo este modelo, continúa Turner, el Estado liberal se comprometía a mantener una neutralidad con respecto a la pluralidad de opiniones, renunciando así a promover o poner en duda alguna de ellas. La decisión fue particularmente exitosa si se recuerda que el Estado moderno liberal representó la salida del conflicto de creencias representado por las guerras religiosas.

Dicho modelo incluyó desde el siglo XX al conocimiento experto (TURNER, 2003). Así se concibió e institucionalizó cierta neutralidad respecto a los juicios expertos. Por ello, los discursos técnicos expertos fueron, hasta hace muy poco, asumidos como fuente de objetividad y neutralidad. Difícilmente se cuestionaba, desde una lectura política, la práctica de los expertos, y en esa medida, el debate sobre su papel no existía pues no se le vinculaba a una fuente de conflicto para el ámbito público. Por el contrario, significaba una herramienta para resolver e implementar buenas decisiones de interés público. La tecnificación de la producción agraria a mediados del siglo XX con la introducción de pesticidas, por ejemplo, o la estandarización de los modelos educativos ajenos al pluralismo cultural durante gran parte del siglo XX, muestran en perspectiva histórica la implementación de decisiones públicas con profundos efectos en los intereses de una comunidad, poseían un respaldo no cuestionable de ciertas visiones provistas por expertos de ese momento.


Como ya se señaló, desde hace algunas décadas se han presentado varias circunstancias que ponen en duda la objetividad y neutralidad de los expertos, básicamente debido a que se demuestran las tensiones sociales y políticas a las que se enfrentan, convirtiendo su práctica en un dilema que oscila entre las competencias de conocimiento y las consecuencias políticas que genera el uso de sus credenciales.

La lectura de Turner profundiza en el escepticismo que despierta este dilema. Señala así que la matriz del problema político que conlleva la notoria influencia de los expertos en las decisiones públicas radica en la neutralidad que impide que sus juicios sean debatidos en el espacio público. Ésta representa una seria amenaza para el modelo de regulación política liberal, ya que omite el hecho de que los expertos, si bien son fuente valiosa de opiniones especializadas, no están exentos de responder a otro tipo de intereses extraepistémicos como el prestigio, el poder o el reconocimiento público.³ Para Turner, los juicios de los expertos que se utilizan para justificar decisiones de interés público deberían ser tratados como parte de la pluralidad de opiniones que se debaten en la arena del espacio público. Este sería un buen antídoto para evitar la discrecionalidad del uso que hasta ahora se ha dado del juicio experto como garante último o fundamental de una decisión pública. Por ejemplo, cuando se afirma que un panel de expertos debe decidir cómo solventar una crisis económica.

Es a partir de lo anterior que Turner invita a pensar en una etapa política distinta, en la que se desarrolle una nueva configuración de las competencias de la sociedad civil para que en ella también se debatan las distintas opiniones ofrecidas por diferentes expertos, cuando se requiere su respaldo en una decisión de interés público. A eso cambio Turner llamará la formulación de una Democracia 3.0. La inclusión en el escrutinio público de los argumentos expertos demanda, sin embargo, una serie de requisitos relacionados con el buen procedimiento de los mecanismos públicos dedicados justamente a ese escrutinio. Turner no profundiza en estos requisitos, los cuales, desde luego, no son un reto nada menor para las sociedades en procesos de consolidación de sus instituciones democráticas.

La neutralidad valorativa de las ciencias sociales a debate en los estudios sobre expertos

Un problema distinto que se desprende de la preocupación por analizar el dilema de los expertos, es el de la responsabilidad y compromiso de las investigaciones realizadas acerca de ellos. La cuestión es particularmente importante para quienes realizan investigaciones que analizan facetas del dilema de los expertos desde un enfoque empírico social, pues les surge una pregunta espinosa: ¿hasta qué punto los compromisos de un investigador que pone en cuestión la fiabilidad de un juicio experto se limitan sólo a evidenciarlo, o bien, a denunciarlo activamente ante la sociedad?

En uno de los artículos más citados en el campo de los CTS de la pasada década, Harry Collins y Robert Evans (2002) reflexionaron sobre esta cuestión a partir de lo que denominaron el problema de la extensión. Éste consistía en cuestionar la posición respecto de la frontera cognitiva que suele ser imputada para diferenciar el ámbito de los legos y los expertos. Para Collins y Evans esa frontera debía cuestionarse, dado que en última instancia y con mínimas excepciones, todo lego, bajo circunstancias apropiadas, puede llegar a comprender problemas y proposiciones que en principio aparecen como parte del dominio experto.

La convicción de ambos autores es un llamado a incidir en favor de los legos. Consideran que un punto a favor que contribuiría a cerrar la brecha entre legos y expertos es el conocimiento acumulado que han puesto en debate los estudios CTS en las últimas décadas. También afirman que es necesario dar otro tipo de pasos. Así, llaman a la constitución de una nueva etapa de los propios estudios sociales de la ciencia, en la que su papel fuera delineado no sólo por el propósito de llevar acabo descripciones empíricas sobre los sesgos y contingencias presentes en la producción de conocimiento científico, –característica que tenía, según la tipología de los autores, la segunda ola de estudios–. En la perspectiva de Collins y Evans, la nueva etapa de los estudios sociales sobre la ciencia debería comprometerse con un diagnóstico normativo sobre los expertos y la experiencia. Cabe destacar que para ambos autores, la nueva etapa no invitaba a dejar de lado el formato bajo el que los actuales CTS se desarrollan. En realidad, la tercera ola, como definieron a la nueva etapa, es complementaría de la segunda ya instituida. Lo relevante en todo caso es que los nuevos estudios sociales de la ciencia reconozcan su capacidad para participar activamente en el tipo de decisiones que moldean los ámbitos y las prácticas en las que al día de hoy sólo tienen influencia los expertos.

El artículo de Collins y Evans, citado múltiples veces –años más tarde devenido en libro (2007)–, no es un reclamo nuevo, pues tiene antecedes importantes. Autores como Steve Fuller (1988) también habían considerado desde hace años que los CTS tenían un potencial importante para influir en la reorganización social del trabajo científico, en la evaluación pública del conocimiento experto y en el cuestionamiento a la superioridad epistémica de los expertos. En el diagnóstico de Fuller, los CTS, en su corta carrera, habían dado prioridad a otros objetivos a pesar de las descripciones críticas que estaban ofreciendo sobre la ciencia, adoptando además una actitud “academicista”, por encima de los compromisos políticos a los que podrían adscribirse en favor de los intereses públicos. Así, la disyuntiva que se planteaba a los CTS de acuerdo con Fuller, era si mantenerse únicamente como una disciplina académica o comprometerse con un grado más político de acción, que proponga una lectura de las necesidades de la sociedad, para que desde ella se genere una visión más crítica sobre los alcances y límites de la ciencia en el contexto contemporáneo. En la perspectiva de Fuller, el dilema de los expertos debía confrontarse directamente fomentando perspectivas de análisis que no sólo evidencien los sesgos a los que están sujetos, sino que añadan un claro compromiso por educar a los ciudadanos para también reducir la brecha y por tanto ciudadanizar las decisiones en las que hasta hoy sólo influyen los expertos.

Tanto las posiciones de Collins y Evans (2003) como la de Fuller (2002) concuerdan en cierta medida en un postulado central. Ambas señalan que es pertinente trascender los compromisos con los que se ha definido, al menos desde finales del siglo XIX, el estudio empírico de lo social. En suma, lo que estos autores están proponiendo es que los estudios empíricos participen en la construcción de un discurso normativo que evalúe las necesidades de una sociedad. Un objetivo que contraviene ciertamente con los objetivos y criterios con los que se construyeron las ciencias sociales , de las que en gran parte estos autores son herederos.

Epistemología social y mecanismos de evaluación de expertos

Para uno de los campos de investigación reciente de la filosofía denominado epistemología social, el reto de evaluar a los expertos también ha sido objeto de reflexión. Dentro de los autores más representativos de esta línea se encuentra Alvin Goldman, para quien los escenarios de decisión que tienen que afrontar los miembros de una sociedad a propósito de las diversas perspectivas y soluciones que ofrecen los expertos, es una constante creciente. Aunque ciertamente Goldman no problematiza una variable que aquí he considerado importante, la influencia de los expertos en contextos de decisiones públicas relevantes. Aún así, la lectura que ofrece Goldman es interesante, pues se plantea un escenario de alta incertidumbre desde el punto de vista de los legos: ¿de qué forma un sujeto lego puede valorar la propuestas que dos o más expertos dan sobre el mismo tema? (2011).

Goldman cree que las reflexiones de la epistemología social pueden contribuir a brindar herramientas de análisis que beneficien al público lego para solventar un problema de elección entre el mejor experto. Una primera diferencia que hay en el tratamiento de Goldman sobre el problema radica en que a diferencia de los autores hasta ahora brevemente reseñados, él asume que la diferencia entre experto y lego representa una distinción que no puede sobreestimarse. Para Goldman todo experto establece un campo de competencias en tanto experto, y sobre el cual el lego no puede aspirar a borrar las fronteras. Un médico por ejemplo, tiene un ámbito de competencias que cualquier lego aún y cuando se informe sobre ciertos padecimientos, no lo sustituye. Reivindicar está diferencia entre experto y lego tiene suma importancia ya que a partir de ella Goldman concluye que la evaluación de expertos no puede tener como finalidad el enjuiciamiento de las afirmaciones de los expertos. La opción más viable es evaluar racionalmente la confianza que les otorgamos en tanto testimonios de una evidencia a la que no podemos acceder.⁴


Goldman señala así, que los legos pueden recurrir a diversos diagnósticos con los cuales es posible evaluar la confianza depositada en los expertos. La propuesta es interesante debido a que en escenarios de controversia en donde dos o más expertos ofrecen interpretaciones distintas sobre lo que parecería ser la misma evidencia, la elección del lego tiene consecuencias para su participación democrática de tanto ciudadano. Goldman identifica al menos cuatro formas de solventar, por parte del lego, la evaluación entre expertos:

1. Evaluar la discusión entre expertos en función de la calidad de las réplicas que se dan a las críticas. Este ejercicio asume, la posibilidad de considerar, de una forma reflexiva, el debate entre expertos, teniendo la capacidad de ponderar en qué medida las respuestas que se ofrecen en una polémica son más satisfactorias en función de la rapidez de respuesta, o la acumulación de nuevos argumentos ante las críticas.
2. II. Reconocer los sesgos y los intereses de los expertos. Para Goldman, las credenciales institucionales que muestra cada uno de ellos importa, ya que hace más fácil identificar qué tipo de intereses hay de por medio. Un ejemplo notorio son los expertos que defienden los intereses de corporaciones de todo tipo, y que se distinguen de aquellos respaldados por instituciones públicas.
3. Considerar que los números a veces importan, es decir, la cuantificación de apoyo para detectar mayorías y minorías, en el sentido de que reflejan una tendencia favorable en favor de una posición que sostiene una perspectiva experta.⁵
4. El público lego puede evaluar el registro exitoso de los expertos. Si los mecanismos de transparencia y publicidad funcionan adecuadamente, entonces éstos pueden acceder a información pertinente sobre la reputación académica de los expertos, sus logros y en algunos casos el tipo de polémicas académicas en los que han estado envueltos, con el fin de contar con un mejor panorama sobre su rol en el pasado.

Conclusiones

Los expertos se encuentran en una permanente tensión entre sus compromisos de conocimiento y las consecuencias políticas que el uso de ese conocimiento genera en sociedad. Varias son las sendas por las que se ha llegado a identificar este escenario en donde los expertos enfrentan su propio dilema. En el presente trabajo he señalado cuatro discusiones que abordan consecuencias derivadas de la visualización de dicho dilema al que se enfrentan los expertos en las sociedades contemporáneas. Los cuatro problemas no sintetizan las múltiples líneas de investigación que sobre el tema se generan hoy día. Sin embargo, sí son un buen ejemplo para considerar que la diversidad de interpretaciones sobre el tema de los expertos radica fundamentalmente en cómo son leídos los márgenes de lo político y las circunstancias de la calidad democrática a las que se aspira consolidar en diferentes sociedades. El reto que plantea el dilema de los expertos para la sociedad en México reside en evaluar su doble faceta, considerando seriamente la debilidad de los procesos institucionales de participación democrática que caracterizan el régimen político bajo el que nos encontramos.

Bibliografía

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—————————“¿Se han extraviado los estudios sociales de la ciencia en la trama kuhniana? Sobre el regreso de los paradigmas a los movimientos”, en Ibarra, A.; López C., (Coords.) Desafíos y tensiones actuales en ciencia y tecnología, Biblioteca Nueva-Organización de Estados Iberoamericanos, 2002.

MURGUÍA, Adriana. "Ciencia y Sociedad. Sobre las controversias tecnocientíficas públicas”, Acta Sociológica, 2010, no. 51, Enero-Abril , UNAM.

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