RESUMENPDFCITA A- A A+

La crisis del modelo alimentario en México: obesidad y desnutrición. Entrevista a Ricardo Acosta Suárez

1- ¿Cómo se inserta la alimentación en el sistema productivo de nuestro país?
La alimentación en cualquier grupo humano, sociedad o nación está determinada por los ecosistemas o ambiente natural, la capacidad del grupo humano para producir alimentos y satisfacer sus necesidades nutricionales, la distribución de los recursos y el acceso a los mismos, los sistemas de producción, abasto y distribución, y en el desarrollo de un sistema de gobernanza que facilite la seguridad alimentaria y, por ende, la sustentabilidad y sostenibilidad del modo de producción de alimentos.

La alimentación es por tanto la suma del modo de producción, los hábitos alimentarios y patrones de consumo y las políticas públicas que establece el gobierno, las cuales tienen una gran incidencia, tanto en el modo de producción como en los patrones de consumo. Parte importante de las políticas públicas es la educación y la información sobre la alimentación. Esto tiene un gran impacto en los hábitos y patrones de consumo así como en la cultura alimentaria.

En México, 14 de cada 100 niños menores de cinco años padecen desnutrición afectando a siete millones de personas en pobreza extrema. Por otra parte, el 70% de la población adulta es obesa. La tendencia hacia la desnutrición infantil y la obesidad, que permea progresivamente a las capas de menores ingresos y grupos marginados, principalmente en las poblaciones indígenas y en el medio rural de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Puebla y Veracruz, con el consecuente riesgo de las enfermedades crónico degenerativas, cardiovasculares y el cáncer, no es más que el resultado de un modelo inadecuado y de políticas públicas erróneas, con un alto costo en la salud y el desarrollo del país.

La falta de inversión real en el fortalecimiento de las unidades de producción rural y la desinformación sobre nutrición de la población en general tiene como consecuencia desnutrición, obesidad y un sistema muy costoso correctivo de salud, ya que muchas de las enfermedades y padecimientos derivadas de una mala nutrición pueden prevenirse. La crisis del modelo alimentario mexicano ha sido el resultado de varias décadas de desaciertos en el modelo de desarrollo que debería seguir el país.

2.- ¿Por qué consideras que el modelo alimentario está en crisis?
A partir de los años treinta, la política alimentaria se centró en la producción de alimentos baratos para la población urbana en crecimiento y el fortalecimiento del proceso de industrialización del país. Esto generó un modelo de economía dual: un sector rural mayoritario con una economía campesina y un sector urbano-industrial moderno con el uso de insumos y tecnología. El modelo de substitución de importaciones de los años cuarenta amplió aún más la brecha entre ambos sectores y para mitigar el rezago se estableció una política asistencialista a la economía campesina que no ha permitido su desarrollo. Obviamente, esta política generó fuertes repercusiones en los patrones de consumo y alimentación de la población rural y urbana.

En la administración del presidente López Portillo se implementó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) para apoyar la economía campesina y la agroindustria promoviendo una canasta básica de alimentos y estableciendo una relación entre producción, consumo y nutrición buscando la autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, el sistema no prosperó debido a que el sistema dependía fuertemente de los subsidios derivados del petróleo y en el mediano plazo no era sustentable y sostenible. En el fondo, esta política continuó la estrategia asistencialista y no el fortalecimiento de la economía familiar y rural.

Con los gobiernos neoliberales que le siguieron López Portillo, la política alimentaria nacional abandonó la idea de la autosuficiencia y apostaron a la apertura del mercado nacional y al intercambio comercial como estrategia para garantizar la disponibilidad de alimentos. Esto realmente representó un parte aguas en los patrones de consumo y alimentación de la población en México. Así, por ejemplo, sin saber los niveles de subsidio que tenían algunos alimentos importados como la leche en el mercado internacional, se percibió que es más barato y eficiente importarla que producirla en el país. Esta política lleva al cierre de muchos de los establos en el país y abre la posibilidad de las importaciones de productos lácteos y substitutos de leche cambiando los hábitos y patrones de consumo de la población.

3.- ¿Qué efectos han tenido los cambios del sector agropecuario en la economía ante el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)?
Los resultados experimentados en el sector agropecuario en los últimos veinte años son sin lugar a dudas el resultado de las políticas aplicadas hacia una economía más abierta y orientada al mercado, cambiando la alimentación de la población. La economía del país, en general, se ha caracterizado por grandes cambios, especialmente en la estructura productiva industrial, comercial, de servicios y, desde luego, en la actividad exportadora, mostrando un cambio radical en la forma de organización y operación de todos los sectores de la economía. Sin embargo, la reestructuración del aparato productivo del sector agropecuario requiere profundizar los cambios estructurales para darle a éste mayor productividad y competitividad.

Previo al proceso de apertura comercial, las políticas públicas de varias décadas atrás habían apoyado al sector agropecuario, pero la orientación de los programas y acciones eran más de carácter asistencial que enfocados a hacer a este sector productivo y competitivo. Los estados con una mejor infraestructura rural y dedicada a la producción comercial fueron receptores de los mayores apoyos y lograron un mayor beneficio e impacto. Así, en el periodo 1993-2003, el 30.2% del PIB agropecuario lo aportaron 4 estados: Jalisco (8.6%), Sinaloa (7.7%), Veracruz (7.0%) y Michoacán (6.9%); el 33.1% siete entidades Sonora (5.7%), México (5.1%), Chihuahua (5%), Guanajuato (4.6%), Chiapas (4.5%), Tamaulipas (4.2%), y Oaxaca (4%), y el resto de los estados aportaron el 36.7%.

La apertura comercial y la firma del TLCAN requirieron levantar las medidas proteccionistas e ir eliminando los aranceles de manera gradual hasta su total eliminación. Sin embargo, los instrumentos que se aplicaron en el proceso de desgravación han sido insuficientes para reducir los impactos en el aparato productivo agropecuario nacional y crear un entorno económico y social más justo y equilibrado: se cambiaron las reglas pero no se desarrollaron e instrumentaron nuevas. En el proceso gradual de desgravación, con respecto a Canadá y los Estados Unidos, no hay evidencia de que se hayan dado los ajustes necesarios para incrementar la productividad y competitividad del sector agropecuario. Las modificaciones al Artículo 27 Constitucional, el PROCAMPO, los Apoyos a la Comercialización y la Alianza para el Campo han sido los principales instrumentos durante el periodo de desgravación, pero los cambios estructurales que se esperaban en el sector agropecuario no se han dado aún. Una parte importante de la población, no se ha beneficiado todavía del incremento de las exportaciones y del crecimiento del producto agropecuario. Entre estos grupos están los jornaleros agrícolas, los grupos étnicos y los grupos de productores minifundistas y medianos, que requieren de una política más específica de desarrollo social y rural.

4.- ¿Entonces cuáles fueron los impactos para el campo y los productores agrícolas?
Desde mediados de los ochenta, la apertura de la economía mexicana ha sido progresiva, pero se realizó en un periodo muy corto. La apertura comercial y el cambio de modelo económico, no necesa¬riamente fue producto de la “ideología neoliberal”, como lo suponen algunos críticos del TLCAN, sino fue el resultado del agotamiento del modelo de economía cerrada que había llevado al país a un fuerte endeudamiento, inflación, desempleo, déficit primario, déficit en cuenta corriente y tipo de cambio real, caída del ahorro interno, etcétera, y de la urgencia del gobierno por resolver la crisis económica que imperaba en el país. Ante tal situación, sólo había dos alternativas: endeudamiento o apertura económica. Se optó por la segunda opción que requería de un programa de ajuste económico interno que obviamente representó costos sociales y económicos, especialmente para los sectores más desprotegidos, como el sector rural y agropecuario, debido a la reducción del gasto gubernamental dedicado a programas sociales y a una mayor disciplina fiscal y monetaria. Sin embargo, la tendencia histórica declinante de los precios agrícolas se inicio desde la década de 1970, afectando los ingresos rurales, particularmente los no comerciales, y disminuyendo sus condiciones de bienestar, pero parcialmente compensados por las transferencias de ingreso a través de los programas gubernamentales y las remesas del exterior.

5.- ¿Ha mejorado el estado de pobreza en nuestro país después del TLCAN?
La población con ingreso menor al valor de la canasta aumentada de INEGI-CEPAL por día, se mantuvo prácticamente constante a nivel nacional entre 1992 y 2000, este porcentaje aumentó en zonas rurales de 71.37%a 73.09% durante el período. También, en el mismo periodo, la proporción de población con un ingreso menor al valor de la canasta INEGI-CEPAL para zonas rurales y urbanas, respectivamente, se redujo en la región Noreste, permaneció constante en las regiones Sur-Sureste y Centro País, y se incrementó de 55.23% a 59.20% en la región Centro-Occidente, y de 32% a 34.19% en la región Noroeste.

La disparidad entre los ingresos de las zonas urbanas y rurales sigue siendo grande. La pobreza sigue estando concentrada en las zonas rurales y en determinadas regiones del país. El 34.1% de la población rural se encontraba en condiciones de pobreza extrema en 2000, en comparación con 18.6% en promedio nacional.

6.- ¿Qué papel se esperaría de nuestro gobierno respecto de la seguridad alimentaria?
Si bien los cambios en el modo de producción y los patrones de consumo de alimentos están relacionados estrechamente con el proceso de transformación de la sociedad de rural a urbana y de agrícola a industrial, el gobierno tiene la posibilidad de establecer políticas públicas que fortalezcan la economía familiar rural y el modo de producción que garanticen el suministro de alimentos sanos, inocuos y de calidad a las zonas urbanas, regulando el abasto y distribución de estos, así como también su procesamiento e industrialización.