Ciudadanía y Ética
(Directrices a considerar para un proyecto político alternativo)

Los términos de politeía en griego y de societas en latín, hacen referencia a la categoría de ciudadano o ciudadanía, los cuales definen aquellos que son miembros de una sociedad en términos de deberes y derechos¹. Ambos significados han determinado la interpretación del lenguaje moderno de los juristas cuando dicen que la ciudadanía es el vínculo jurídico y político que relaciona a un individuo con el Estado. Ese primero está subsumido o determinado por la ley. Por consecuencia, el individuo al moverse esencialmente en el ámbito público (aunque la cuestión privada puede también estar controlada por ciertas leyes que garantizan los derechos privados), es acreedor a gozar de derechos y a cumplir deberes preescritos en marcos normativos y legitimados constitucionalmente.

Desde ese ángulo, el orden institucional es el dador de sentido de cualquier individuo ya que este último no puede darse leyes por sí mismo, ni actuar con libertad absoluta (eso significaría caer en una visión individualista y anarquista de la vida social). Los particulares sólo gozan del estatuto de ciudadanía sólo si se desenvuelven en lo estipulado o dado en el ámbito de las competencias institucionales del orden estatal. En efecto, esa perspectiva positiva o legalista ha condicionado la visión formal de la ciudadanía puesto que ésta aparece finalmente como un modelo abstracto instituido desde “arriba”.