Libre mercado: Análisis de casos, Argentina y Brasil

Sistema Eléctrico Argentino

Antes de la privatización

Una vez que el Estado se apropió de las empresas privadas, el sector eléctrico se fue conformando por tres entes prestatarios que se ubicaron en tres jurisdicciones: la nacional, la provincial y la municipal. De esta manera, antes de la reforma el país contaba con cuatro empresas nacionales, las cuales controlaban el 84% de la capacidad de generación de energía del país y eran propietarias del 100% de la red de transmisión de alta tensión.

La distribución de la energía eléctrica a los consumidores finales estaba a cargo de poco más de 600 empresas, de las cuales dos eran nacionales y distribuían el 55% del suministro, 21 eran provisionales abarcando el 34% del suministro, y el 11% restante correspondía a las cooperativas de distribución municipal (Viquera, 1999).

Antes de la reforma el sistema eléctrico argentino se caracterizaba por la presencia casi exclusiva de empresas públicas de jurisdicción federal (nacional y binacional) o provincial; la excepción estaba constituida por la presencia de empresas cooperativas que se desenvolvían sólo en el ámbito de la distribución.

Las empresas de jurisdicción federal concentraban el manejo de las grandes centrales de generación, la mayor parte del transporte en alta tensión, la distribución en Buenos Aires y a los grandes usuarios de todo el territorio nacional.

Pero las empresas comenzaron a enfrentar grandes dificultades económicas y financieras causadas por falta de recursos económicos, al momento en que el gobierno desvía los fondos que destinaba a las empresas, a fin de cubrir los gastos del presupuesto nacional (Viquera, 1999). “Además, había por razones políticas muy fuertes, un retraso en las tarifas, ya que éstas no respondían a ningún criterio económico; más bien, respondían a necesidades políticas (Cifarelli, 2005).

Lo que deterioró el desempeño de estas empresas públicas fue que cayeron en crisis debido a la mala administración de las empresas, a su utilización como instrumentos de recaudación fiscal, a su enorme endeudamiento y a los excesivos costos originados en los precios pagados a contratistas, lo cual condujo al sector a una importante crisis de abastecimiento.

Marco Jurídico

La reforma en Argentina se distinguió, esencialmente, por su profundidad, alcance y rapidez de ejecución, abarcando al conjunto de las industrias energéticas nacionales e introdujo drásticos cambios en el rol desempeñado por el Estado dentro del sector.

Principal objetivo

Mejorar la eficiencia productiva mediante la introducción de competencia donde fuera posible; y crear una sólida estructura eléctrica capaz de suministrar toda la energía que se requieran, a precios razonables o con los costos económicos más bajos. No obstante, se eliminaron los monopolios públicos y se sustituyeron por monopolios privados, dejando a cargo de diferentes operadores cada una de las partes del proceso.

Como resultado

El país sigue teniendo una capacidad de generación 50% superior a su consumo, pero esta capacidad puede exportar o volcar totalmente al mercado interno por falta de líneas de transmisión. En cuanto a las consecuencias económicas de la privatización, el principal hecho que contribuyó fue que como el gobierno argentino no ha podido salir de una fuerte crisis económico-financiera desde 1998, ello ha llevado a que el sector, pese a los esfuerzos de los inversionistas privados, no pueda salir del grave déficit en la industria

Sistema Eléctrico Argentino

Sistema Eléctrico Brasileño

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