Los programas voluntarios

Uno de los instrumentos de gestión ambiental que permiten una amplia participación de usuarios en la toma de decisiones, es el que comprende los programas voluntarios. Éstos son acuerdos para crear una colaboración entre gobierno y usuarios, en los cuales se combina la persuasión pública con la asistencia técnica para motivar y facilitar la adopción de medidas de control. Entre los instrumentos más utilizados de la política voluntaria, están las “Buenas Prácticas de Manejo” de los EUA y el de “Medidas Agroambientales” de Europa. Estas últimas son procedimientos de operación y mantenimiento, destinados a impedir o reducir la contaminación del agua tanto subterránea como superficial. En cuanto a las aguas subterráneas, estas directrices deben tener en cuenta diversos factores (Logan, 1990):

- Las condiciones de filtración del agua hacia el subsuelo.

- La afinidad y la solubilidad de los contaminantes.

- Tipos de suelo y clima.

- Carga de contaminantes.

De hecho, el éxito de las medidas voluntarias depende en gran medida de su aplicación, en conjunto con incentivos económicos (Horan et al., 2001). Además, una característica importante en gestión del agua subterránea es que los beneficios de su aplicación correcta son percibidos sólo en el largo plazo, ya que los problemas suelen desarrollarse en periodos largos (Foster et al., 1998).

Hay que notar, sin embargo, que el éxito de un sistema de programas voluntarios dependerá fuertemente del marco legal e institucional vigentes. Pero si es necesario efectuar arreglos institucionales, los costos y el tiempo para lograrlos pueden ser considerables; por lo tanto, cualquier modificación debe sopesarse contra los costos que implicaría una reforma institucional. Foster et al. (1998) señalan que la gestión del agua subterránea es difícil pero ofrece varios pasos prácticos para fortalecer el marco institucional:

i) Revisión de las responsabilidades institucionales y de la legislación.

ii) Identificación y consulta con los actores involucrados: usuarios directos, grupos ambientalistas y contaminadores.

iii) Promoción de conciencia política y pública.

iv) Promoción del plan con los actores involucrados.

v) Evaluación constante de las condiciones hidrológicas.

El marco institucional deberá, de cualquier manera, responder a una política ambiental integral, con objetivos claros y de enfoque para el largo plazo. De otra manera, los costos serán onerosos para la sociedad en su conjunto y los esfuerzos por conservar la calidad del agua subterránea no resultarían suficientes para lo que la sociedad requiere.